Crece la presión política por el conflicto que paraliza Puerto Quequén

El conflicto que mantiene paralizado a Puerto Quequén dejó de ser un problema operativo y escaló al plano político. El paro de transportistas, que impide la salida de unas 450 mil toneladas de granos y mantiene 17 buques varados, puso bajo presión al consorcio portuario conducido por UATRE y abrió un frente de disputa entre el gobierno nacional, la Provincia y los actores del sector agroexportador.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) reclamó al gobierno nacional que intervenga “de inmediato” y, si fuera necesario, “con fuerza pública”. En una nota enviada al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, la entidad denunció una “flagrante y sostenida violación” de la ley de cargas y advirtió que el puerto “permanece rehén” del conflicto. También anticipó que podría recurrir a la Justicia si no hay respuesta oficial.

Las federaciones de transportistas —Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros— rechazaron la presión empresaria y ratificaron su rechazo al aumento del 14% ofrecido por las exportadoras. Exigen un piso del 17% y pidieron la intervención del gobierno de Axel Kicillof, al que reclamaron “asumir la responsabilidad que le corresponde”.

La CGT Regional Necochea también solicitó una acción urgente de la Provincia y cuestionó el rol del presidente interino del consorcio, Mariano Carrillo, dirigente de UATRE. Su titular, Demian Ledesma, en declaraciones al portal La Política Online señaló que “llama la atención” que se reclame mediación provincial cuando el puerto está conducido por un funcionario designado por la propia Provincia.

Según informo LPO, en el entorno de los transportistas afirman que Carrillo mantiene un alineamiento con las cerealeras y lo vinculan a la interna sindical de UATRE, donde José Voytenco enfrenta cuestionamientos por el control del puerto. El conflicto se da además en un momento clave: está por vencer la concesión del elevador de granos operado por Terminal Quequén desde hace 34 años, y en el sector creen que podría otorgarse una nueva prórroga.

La tensión política creció aún más por el viaje a España de integrantes del directorio portuario, financiado con recursos del consorcio, en plena crisis. Aunque Carrillo finalmente no viajó, otros funcionarios sí participaron del encuentro en Barcelona, lo que generó críticas internas.

Mientras tanto, la operatoria sigue detenida y las exportadoras advierten pérdidas millonarias. En distintos sitios del puerto esperan cargar más de 450 mil toneladas distribuidas en 17 buques, un volumen que mantiene paralizada la economía regional.