La parálisis de Puerto Quequén por el prolongado conflicto con transportistas expone una contradicción que ya nadie puede disimular: mientras productores, cámaras privadas y entidades del transporte advierten pérdidas millonarias y un retroceso institucional, el Consorcio de Gestión comunica normalidad absoluta y evita pronunciarse sobre un problema que afecta a toda la cadena agroexportadora.

Desde el 7 de abril, el bloqueo de un sector de transportistas mantiene frenado el ingreso de camiones y limita la operatoria. Las entidades del sector —FATRAC, ATCADe, FETRA y la Asociación de Camioneros— reclaman la reapertura urgente de la mesa tarifaria y señalan la falta de intervención del Gobierno provincial como una de las causas del estancamiento. “La mesa quedó sin resolución”, advirtieron, rechazando el 14% propuesto por considerarlo insuficiente.

Los puertos privados también elevaron el tono. La Cámara de Puertos Privados Comerciales calificó la situación como “un ataque a la economía nacional” y estimó pérdidas por al menos 450 millones de dólares. Denunció prácticas intimidatorias en los accesos y pidió la intervención inmediata de autoridades nacionales, provinciales y municipales para restablecer la circulación.

Pero la voz que más resonó en la comunidad fue la del productor agropecuario. En una publicación que se viralizó en la región, Enrique Pérez Decontardi recordó que cada barco detenido cuesta 30.000 dólares por día y que ese impacto termina en la pizarra local, afectando a toda la economía. Su cierre fue contundente: “Volvemos a una realidad que creíamos superada: un puerto sucio”.

La frase no habla de suciedad literal. Habla de un puerto desordenado, imprevisible, incapaz de garantizar normalidad operativa. Habla de un retroceso en la imagen que Quequén había logrado recomponer después de años de conflictos, desvíos de buques y pérdida de competitividad.

En este contexto, el silencio del Consorcio de Gestión resulta ensordecedor. Mientras la operatoria está limitada y la cadena logística en tensión, las redes oficiales del puerto muestran buques operando, descargas exitosas y un clima de normalidad que contrasta con la realidad que describen todos los actores del sistema. Ni el presidente interino del Consorcio, Mariano Carrillo —representante de UATRE—, ni el gerente operativo, Gustavo Gavilán —referente del sector de Dragado— han intervenido públicamente para encauzar el conflicto o convocar a una instancia de diálogo.

 

 

 

 

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La comunidad portuaria esperaba que quienes representan a los trabajadores pudieran mediar en un conflicto que involucra, justamente, a trabajadores. Pero la ausencia de explicaciones y la falta de liderazgo profundizan la sensación de desconcierto.

Mientras el conflicto continúa y los costos se acumulan, el fantasma del “puerto sucio” vuelve a proyectarse sobre Quequén. Y esta vez, no por lo que se dice, sino por lo que no se dice.