La crisis operativa de Puerto Quequén sumó un capítulo decisivo. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Transporte de la Nación por lo que calificó como una “flagrante y sostenida violación de la Ley 24.653” por parte de transportistas autoconvocados que mantienen bloqueados los accesos al puerto. Según la entidad, la situación dejó a Quequén “rehén del accionar de un grupo minoritario, anárquico y sin representatividad”, con un impacto directo sobre la exportación agrícola nacional.

El documento advierte que existe una “imposibilidad real y manifiesta de obtención de fletes terrestres” y detalla que 17 buques semi cargados esperan completar 450.000 toneladas de granos ya vendidos, pero inmovilizados por los bloqueos. La CPPC remarcó que el conflicto quedó circunscripto a la provincia de Buenos Aires luego de que Santa Fe y Córdoba alcanzaran acuerdos tarifarios, y que la zona de influencia de Quequén es hoy el único foco activo.

La denuncia exige que el Estado nacional utilice las facultades que le otorga la Ley 24.653 para garantizar la libre circulación y restablecer la operatoria. También anticipa que las empresas afectadas se reservan el derecho de iniciar acciones civiles y penales si la situación persiste.

El cuadro descrito por la CPPC profundiza la imagen de retroceso institucional que ya había quedado expuesta en la nota Puerto sucio, donde se advertía sobre la pérdida de conducción y el deterioro operativo del puerto. La parálisis actual confirma ese diagnóstico: un sistema sin capacidad de respuesta, sin coordinación y sin autoridad visible en el territorio.

La denuncia también se superpone con el episodio del viaje a España de los funcionarios del Consorcio, que se produjo en simultáneo con el agravamiento del conflicto. Mientras la exportación quedaba frenada y los buques se acumulaban en rada, la conducción política del puerto priorizaba una agenda internacional que hoy contrasta con la urgencia local.

Con bloqueos activos, buques varados y una denuncia formal que escala el conflicto al Gobierno nacional, Puerto Quequén atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La pregunta que queda abierta es si la respuesta institucional llegará a tiempo para evitar un daño mayor.