En el comunicado, firmado por su titular, José Luis Lingeri, el sindicato desmiente las cifras y conclusiones presentadas por el Gobierno, que califican la gestión estatal de AySA como "ineficiente y costosa", ubicándola como "el segundo peor operador de la región". El SGBATOS argumenta que este indicador mide únicamente el área de cobertura, "sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio". De este modo, "se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa", agrega el escrito gremial.
El sindicato también cuestiona la mención del Gobierno sobre una necesidad de inversión por 15.000 millones de dólares, asegurando que el capital privado sería la solución. "Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el servicio, hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata", interpela el SGBATOS.
Además, el gremio enfatiza que "la experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal". Para los trabajadores de AySA, "el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras".
Finalmente, el SGBATOS afirma que "sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas carece de sustento real", y resalta que "en un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable". El gremio reitera su postura en defensa de la gestión estatal y el carácter social del servicio.