El Gobierno Avanza con la Privatización de AySA: Habilitan Venta de Acciones y Cortes por Falta de Pago

Esta nueva normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA pertenecía al Estado y que estas acciones serían "intransferibles" e inalterables. Con el cambio, se determinó que "el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria", abriendo oficialmente las puertas a la privatización de la firma que presta el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Además de la autorización para la venta de acciones, el DNU incorpora una serie de nuevas atribuciones para la gestión de la empresa concesionaria. La más destacada es la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio ante deudas de los clientes, una medida que generará un impacto directo en los usuarios.

Nuevas Atribuciones para la Empresa Concesionaria:

• Corte del servicio: Podrá efectuarse en caso de mora de los clientes.

• Facultades de revisión y auditoría: Contará con amplias capacidades para supervisar, desde el punto de vista técnico, todas las obras ejecutadas dentro del área regulada.

• Garantía con fondos de explotación: Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para asegurar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público.

La reforma del marco normativo también encomienda a la Agencia de Planificación (APLA) la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica. Este plan tendrá como objetivo establecer lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de obras básicas de infraestructura, buscando ampliar y extender el servicio público a través de programas de proyectos, fuentes de financiamiento y entes ejecutores.

El DNU contempla un régimen de transición para permitir una implementación "ordenada y progresiva" de estas nuevas disposiciones, por un período no mayor a cinco años una vez formalizada la privatización. El propósito es "mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión".

Argumentos del Gobierno para los Cambios

En el texto oficial, el Gobierno argumentó estas modificaciones, asegurando que "el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia" que requiere la prestación del servicio. Señaló que el modelo de gestión estatal no contempla "adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura".

Asimismo, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida se dicta en un "contexto de profunda crisis económica" que limita "severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público". Se indicó que esta situación crítica se evidencia en el "creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad".