En medio de la creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los municipios, surgió una nueva batalla: la prohibición del cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Pa

Por otro lado, desde el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), se lanzó un mensaje claro: en la provincia de Buenos Aires, al menos en el interior, las distribuidoras eléctricas siguen habilitadas para incluir esos conceptos en las facturas. ¿La razón? Las autoridades provinciales argumentan que una resolución nacional, como la publicada recientemente, no puede sobreponerse a una ley provincial, como la Ley 11.769, que regula estos cobros.

El escenario es más complicado para los intendentes del conurbano, quienes ya alzaron sus voces en protesta. Mientras tanto, el gobierno de Axel Kicillof defiende que, en gran parte del interior bonaerense, las prestadoras y cooperativas eléctricas seguirán cobrando esos “plus” en las boletas.

La resolución nacional 267/2024, emitida por el ministro de Economía Luis Caputo, busca que las facturas de servicios esenciales incluyan únicamente los cargos correspondientes al servicio prestado. En ese contexto, conceptos como la tasa de alumbrado público o de seguridad, que suelen aparecer en las facturas de luz, quedarían excluidos. Sin embargo, el Oceba insiste en que las leyes provinciales tienen su propio marco regulatorio, y que las cooperativas y empresas del interior seguirán funcionando bajo estas normativas.

A nivel práctico, la medida afecta a las empresas con concesión nacional, como Edenor y Edesur, que operan en la capital y el conurbano, mientras que en el interior las distribuidoras siguen bajo el control provincial. Aquí es donde entran en juego compañías como Eden, Edes, Edea y Edelap, junto con más de 200 cooperativas eléctricas.

El presidente del Oceba, Diego Rozengardt, recordó que desde los años 90 existe un marco regulatorio que permite a los municipios incluir tasas como la de alumbrado público en las facturas de luz. Afirmó también que los servicios extras, como agua o sepelios, que muchas cooperativas ofrecen, deben estar claramente discriminados en la factura y no afectar el suministro de luz en caso de impago. Así, el choque entre la regulación nacional y la autonomía provincial deja abierta una disputa que, sin duda, continuará en el debate legislativo.