Estas medidas incluyen la implementación de una "reserva de carga" y la creación de una empresa de capitales nacionales, lo que podría ampliar significativamente los márgenes de ganancias de los productores. La iniciativa, que podría entrar en vigor a finales de año, ha generado una fuerte oposición por parte de los operadores privados del sistema, a lo que el gobernador Axel Kicillof ha respondido acusándolos de "agitar fantasmas" y fomentar la desinformación.

El gobierno provincial busca avanzar en la implementación de beneficios para los productores a través de un sistema de derechos de uso del elevador de granos y la creación de una empresa nacional, en el contexto de la renegociación de la concesión de la Terminal, la cual vence en noviembre tras 33 años de operación (30 del contrato original y tres de prórroga) por la empresa privada Terminal Quequén SA. Uno de los accionistas de esta empresa es José Martíns, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El plan propuesto por Kicillof permitiría que el Estado provincial acceda a una cuota de uso del elevador de granos, similar al acceso que tienen las empresas privadas. Esta cuota sería puesta a disposición de los productores, quienes pagarían por el servicio, permitiéndoles mejorar sus márgenes de ganancia. Además, la provincia busca establecer una multa millonaria en dólares por obras comprometidas y no realizadas por el concesionario a lo largo de los años.

Actualmente, las condiciones de la concesión no permiten reservar una cuota para los productores, a pesar de que la gestión del puerto es pública-privada. La concesión está en manos de Terminal Quequén, pero también interviene un Consorcio de Gestión, presidido por la massista Jimena López, que incluye representantes de la Provincia, gremios, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias, el municipio de Necochea, Coninagro y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

Tras el anuncio de la intención de abrir el acceso a los productores y cobrar las multas correspondientes, surgieron críticas que incluyeron "fake news". La Mesa de Enlace de la provincia emitió un comunicado en el que se mencionaba la supuesta creación de una "Junta de Granos", similar a las que existieron en el país a partir de la década de 1930, y se habló de una "concesión express" para dar paso a la nueva concesión.

El gobernador Kicillof rechazó rotundamente la posibilidad de recrear la Junta de Granos y reafirmó su intención de mejorar las condiciones para los productores, señalando que "generalmente ese es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena, ya que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la rentabilidad". Jimena López también negó categóricamente la posibilidad de una "concesión express".

La campaña de lobby en contra de estas medidas ha incluido amenazas directas a los empleados de Terminal Quequén. En las últimas horas, los 120 trabajadores de la empresa recibieron un correo electrónico firmado por José Martíns, en el que se advertía que, debido a las recientes decisiones del Ejecutivo provincial, la continuidad de sus empleos no estaba garantizada.

Fuentes del gobierno bonaerense han señalado que estas amenazas son parte de la misma estrategia de lobby y presión empresarial relacionada con la renegociación de la concesión. Aseguran que facilitar el acceso a los servicios portuarios para los pequeños productores les permitiría mejorar sus márgenes de ganancia, aunque podría reducir los márgenes de aquellos que actualmente tienen acceso privilegiado y fijan condiciones.