La caja fiscal mandó a cortar por el hilo más delgado y los distritos bonaerenses reaccionaron al instante. Con la promulgación de la Ley 27.828, la Casa Rosada le pasó la tijera al régimen de Zona Fría, pero el costo político se trasladó de inmediato a los tribunales federales.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles decidió no esperar la primera factura inflada y presentó un amparo colectivo en el Juzgado Federal N° 2. Acompañado por entidades locales y clubes de barrio, el jefe comunal busca congelar la quita del beneficio antes de que el frío golpee las urnas.

Bahía Blanca es Zona Fría. Atento a la promulgación de la Ley 27.828 que excluye a nuestra ciudad del régimen de Zona Fria para tarifas de gas, y conforme al compromiso asumido y al mandato de la comunidad que represento, esta mañana realicé una presentación judicial en la Justicia Federal para impedir la aplicación de esta arbitraria ley en Bahía. Junto a la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), en representación de los mismos y del Club Estrella, en tutela de los clubes y entidades de bien público bahiense, impulsamos un amparo colectivo en defensa del 100 por ciento de nuestros hogares e instituciones. Invocamos principios constitucionales que entendemos vulnerados en materia de igualdad, discriminación, arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, entre otros derechos que la sola aplicación de esta ley vulneraría. Seguiremos unidos defendiendo a Bahía.

— Federico Susbielles (@fsusbielles) October 13, 2026

A la jugada bahiense se le sumó un insumo de peso técnico: informes climáticos del CONICET que prueban que en el sur bonaerense las temperaturas congelan igual que en la Patagonia. Sin embargo, el diseño tarifario prefirió la lógica del ajuste fiscal antes que la realidad del clima.

Casi en simultáneo, desde Mar del Plata llegó el segundo zarpazo judicial. La Defensoría del Pueblo accionó ante la Justicia Federal solicitando la inconstitucionalidad del nuevo esquema, remarcando que se impone un filtro patrimonial arbitrario para los bonaerenses mientras se mantiene el beneficio automático en otras provincias.

El negocio de la redistribución tarifaria deja al descubierto la grieta territorial. Mientras las distribuidoras avanzan con el traslado de costos, las intendencias buscan construir un cerrojo cautelar frente al impacto del ajuste en los bolsillos.