El dato cobra mayor relevancia al constatar que el país presenta, al mismo tiempo, el nivel de crédito sobre el Producto Bruto Interno (PBI) más bajo de la región, alcanzando apenas un 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%.
La brecha argentina queda en evidencia al comparar su tasa de morosidad con la de economías de menor irregularidad como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), e incluso al contrastarla con los países que escoltan el podio regional, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%). Además del elevado nivel de impagos, el sistema financiero argentino muestra niveles de cobertura inusualmente frágiles frente a eventuales pérdidas: con un indicador del 84%, la Argentina es uno de los pocos países de la región —junto con Panamá— donde las previsiones bancarias no alcanzan a cubrir el 100% de la cartera vencida, ubicándose muy lejos de los estándares de Uruguay (226%) o Ecuador (210%).
El volumen de préstamos en situación irregular asciende a 14 billones de pesos, afectando a cerca de 7 millones de ciudadanos. El sistema bancario tradicional concentra casi dos tercios de esos compromisos impagos, mientras que el tercio restante corresponde a las empresas fintech, cooperativas y tarjetas de crédito emitidas por cadenas de supermercados o electrodomésticos. La aceleración en los impagos se profundizó tras la reactivación del financiamiento privado registrada en los últimos dos años, impulsada por la desaceleración inflacionaria y la estabilidad del tipo de cambio. Esta situación abrió un fuerte contrapunto político: mientras el Gobierno nacional sostiene que el endeudamiento de las familias es "un asunto entre privados" en el que no corresponde intervenir, desde la oposición y distintos sectores analíticos reclaman medidas concretas del Banco Central para contener el impacto social de las deudas.