El escrito, firmado por el Director de Guardaparques, Julián Zugazúa, expone una presunta red de autorizaciones informales, falsificación de documentos y agresiones físicas para justificar un procedimiento que violó la normativa ambiental vigente.

El episodio comenzó el pasado 25 de julio, cuando personal de Guardaparques logró frenar los trabajos de la empresa privada «Podadores de la Costa» en la calle 62. Para ese momento, dos ejemplares de unos 80 años de antigüedad —en perfecto estado sanitario y con una expectativa de vida de hasta cuatro siglos, según detalló previamente la ingeniera forestal Andrea Frigerio— ya habían sido talados al ras. La intervención no solo destruyó patrimonio público sin realizar un desarraigo correcto, sino que expuso severas irregularidades en el trámite del expediente municipal 3538/26.

Entre los hallazgos más graves de la presentación se destaca que la autorización para avanzar con los trabajos no se emitió mediante una resolución formal, sino a través de un mensaje de WhatsApp enviado el 17 de julio por el Subsecretario de Servicios Públicos, Gerónimo Gallegos. A esto se le suman las imputaciones contra el Director de Infraestructura, Marcelo Gómez, acusado de incorporar informes técnicos extemporáneos o adulterados sobre presuntos daños en cañerías que jamás fueron probados, y las acciones del Secretario de Obras Públicas, Carlos Adrián Furno, por brindar información falaz sobre las competencias de los guardaparques.

El día del operativo, el conflicto derivó en tensión y violencia en la vía pública. La Subsecretaria Legal y Técnica, Paula Faramiñán, se apersonó en el lugar e intentó forzar el retiro del personal de Guardaparques sin contar con el respaldo documental adecuado. En paralelo, la jornada culminó con una causa penal en la UFI Nº 1 por lesiones leves, luego de que el capataz de la cuadrilla, Federico Saldaño, le propinara un puñetazo a un vecino que registraba las anomalías con su teléfono. Ante la gravedad del cuadro, Zugazúa solicitó la nulidad absoluta de lo actuado y la apertura de una investigación formal sobre los funcionarios implicados.