La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner oficializó este miércoles la presentación de un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (con sede en Ginebra), argumentando que la condena en la "Causa Vialidad" que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera sus garantías fundamentales.

La estrategia internacional y las claves del reclamo

Para llevar adelante la demanda internacional, la defensa de la ex mandataria sumó a su abogado Alberto Beraldi al jurista brasileño Rafael Valim (ex integrante del equipo legal de Luiz Inácio Lula da Silva) y a Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Entre los argumentos centrales expuestos en su columna y en la presentación ante la ONU se destacan:

• Escrutinio del Derecho Internacional: Sostuvo que no recurre a la ONU por mera disconformidad, sino para someter el accionar del Poder Judicial argentino al control internacional, advirtiendo que cuando la Justicia interviene en la competencia política se deteriora la democracia.

• El atentado de 2022: Incluyó como antecedente el intento de magnicidio sufrido el 1 de septiembre de 2022, definiéndolo como un episodio de extrema gravedad que evidenció los límites de la violencia política.

• Sesgo y machismo estructural: Denunció la existencia de arbitrariedades en el proceso y la persistencia de prácticas de machismo estructural dentro del sistema judicial contra la única mujer electa y reelecta presidenta en el país.

• Derechos electorales: Aseguró que la inhabilitación perpetua no solo la afecta de forma individual, sino que cercena el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.

Situación judicial y decomiso de bienes

La arremetida ante el organismo internacional se produce mientras Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la ratificación de su pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025.

Asimismo, en julio de 2026, el máximo tribunal del país dejó firme el decomiso de bienes vinculados a la causa por un monto total de 684.990 millones de pesos.

El procedimiento ante la ONU

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberá evaluar en primera instancia la admisibilidad del caso. De considerar que cumple con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el organismo requerirá información oficial al Estado argentino antes de elaborar una resolución o recomendación sobre el tema.