El gobierno brasileño resolvió convocar formalmente al embajador argentino en ese país, Guillermo Daniel Raimondi, para exigir explicaciones oficiales tras las duras descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión tomada por la Cancillería brasileña, bajo la conducción de Mauro Vieira, se suma al llamado a consultas previa de su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, configurando un escenario de máxima gravedad en la relación bilateral.
El conflicto detonó durante la visita de Milei a San Pablo para brindar su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro y participar en la convención del Partido Liberal. En ese marco, el presidente argentino lanzó fuertes expresiones:
Ataques a la jefatura de Estado: Trató a Lula da Silva de "ladrón" y "presidiario", calificándolo como un "riesgo" institucional y un generador de "crisis".
Embestida contra la Justicia brasileña: Apuntó contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien tildó de "basura calva".
Para el Palacio de Itamaraty, estas declaraciones traspasaron el límite de la retórica política habitual para configurarse como una inusual agresión e injerencia directa en los asuntos internos del Estado brasileño.
El choque institucional generó honda preocupación en los sectores productivos, industriales y exportadores de la Argentina. Brasil no solo representa el principal socio comercial de la Nación, sino el destino estratégico para la producción automotriz, agroindustrial y manufacturera del país.