El Estado de derecho suele mostrar su musculatura más severa allí donde los caminos se vuelven de tierra y la señal de celular es un lujo. El joven campesino Franco Oscari fue detenido por la Policía Federal en un remoto paraje jujeño. El despliegue, ejecutado a las cinco de la mañana antes de que asomara el sol, respondió a una denuncia directa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿El delito imputado desde los despachos porteños? Una presunta amenaza vertida a través de la red social Facebook. La distancia entre el paraje rural y San Salvador de Jujuy es de cinco horas, pero para la Justicia Federal la velocidad de la punición no conoció fronteras geográficas.

La arquitectura del procedimiento penal encendió las alarmas de la defensa técnica por su opacidad y sus llamativos traslados. El detenido fue paseado en camioneta por varias provincias sin notificación a sus abogadas. Tras perderle el rastro durante casi diez horas, la defensa logró constatar que Oscari se encontraba alojado en una dependencia de la provincia de Tucumán, interrumpiendo un proyectado traslado hacia los tribunales de Comodoro Py mediante la presentación urgente de dos recursos de habeas corpus. El expediente, curiosamente, cayó en manos del juez Ariel Lijo, evidenciando el aceitado mecanismo con el que el poder centralizado tramita sus causas de interés político.

En el plano estrictamente técnico, la celeridad política contrastó notablemente con la precariedad de la carga probatoria acumulada en el expediente. La fiscalía federal todavía no realizó las pericias informáticas sobre el teléfono del acusado. El propio Oscari deslizó la posibilidad de que terceros hubieran manipulado su dispositivo, una duda básica que no impidió su inmediata privación de la libertad. El federalismo judicial parece invertirse cuando los intereses de los funcionarios nacionales están en juego, forzando la radicación de causas en los tribunales de la Capital Federal en detrimento de los jueces naturales de la jurisdicción donde presuntamente ocurrió el hecho.

El argumento institucional para sostener el encierro del trabajador rural roza el absurdo y expone los prejuicios de la burocracia de las grandes urbes. El fiscal denegó la excarcelación argumentando peligro de fuga por la condición de campesino. El dictamen judicial computó la falta de un empleo formal bajo relación de dependencia y la falta de acceso a internet como factores de riesgo procesal, transformando la vulnerabilidad social en una variable penal en contra del imputado. Bajo esta óptica, vivir en una provincia fronteriza y labrar la tierra se convirtieron en las razones perfectas para justificar una prisión preventiva con indisimulable tufillo a disciplinamiento político.