La Cámara de Diputados se transformó, una vez más, en el escenario ideal para el canje de favores políticos. El oficialismo logró aprobar el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Attestor y Brainbridge, apurado por un vencimiento que asfixiaba el almanaque del Ministerio de Economía. Como si fuera poco, la misma mayoría coyuntural le dio media sanción al Súper RIGI, un traje diseñado a medida para las corporaciones tecnológicas internacionales.

La urgencia por blindar el frente financiero expuso la velocidad del trámite legislativo. Bertie Benegas Lynch defendió el pacto con los holdouts bajo el argumento de evitar males mayores, mientras la oposición dura denunciaba comisiones ocultas y la falta de partidas presupuestarias. El fantasma del default operó como el histórico extorsionador de voluntades en un recinto acostumbrado a ceder ante las presiones del mercado global.

El plato fuerte de la jornada legislativa llegó con el nuevo andamiaje impositivo para la tribuna digital. El Súper RIGI sube la vara de ingreso a los 1.000 millones de dólares y excluye por completo a los recursos naturales clásicos. La mirada crítica de la oposición apuntó directo a los beneficiarios con nombre y apellido en el norte del continente. Detrás de la zanahoria de la Inteligencia Artificial y la biotecnología, el proyecto consagra un paraíso fiscal de tres décadas para los dueños del algoritmo.

Con el RIGI resignan más de 100 millones de dólares por año.

Después dicen que no hay plata para jubilados, que no se puede sostener la Zona Fría y que no pueden cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad.

No es falta de recursos. Es decisión política. pic.twitter.com/zubcqK21HS

— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) June 25, 2026

El reparto de beneficios aduaneros y cambiarios garantiza la desregulación absoluta para las multinacionales que decidan apostar fichas en la frontera tecnológica. Las empresas beneficiadas gozarán de una reducción de Ganancias al 15% y la libre disponibilidad total de divisas al tercer año. Mientras el entramado pyme local subsiste bajo la presión impositiva tradicional, los nuevos jugadores globales encuentran en el Congreso argentino un terreno libre de impuestos y controles estatales.