Siete años de parálisis legislativa, cubiertas quemadas en la avenida Luro y roscas subterráneas terminaron de golpe en General Pueyrredon. Con el libreto de la modernización como escudo, el intendente Guillermo Montenegro logró que su mayoría automática en el Concejo Deliberante aprobara la legalización de las plataformas digitales de transporte. La rosca política local finalmente se rindió ante el avance corporativo de Silicon Valley.

El tablero del recinto desnudó que el transporte no es una cuestión de movilidad, sino de alineamientos ideológicos duros. El PRO, la UCR, los libertarios y la Coalición Cívica cerraron filas para sepultar el histórico monopolio de los peones de taxi. La oposición peronista y vecinalista pataleó acusando que el Ejecutivo legisla para las multinacionales, pero el oficialismo se limitó a sonreír y contar los votos.

Para maquillar la entrega y contener la furia gremial en un año políticamente complejo, el Palacio Municipal metió un premio consuelo en el mismo paquete de leyes. A partir de ahora, los taxistas tradicionales también gozarán de una extensión en la antigüedad permitida para circular, estirando la vida útil de sus coches a quince años. Una flexibilización que huele más a resignación que a verdadera modernización del servicio público.

La ordenanza ya fue promulgada y corre un estricto reloj de noventa días para que las aplicaciones abran sus libros y se registren formalmente ante el municipio. Mientras la rosca corporativa celebra el fin de la clandestinidad legal, los conductores tradicionales miran de reojo las comisiones que vendrán. El poder real cambió de manos en La Feliz y los viejos privilegios de las licencias tradicionales acaban de pasar a la historia.