La situación judicial del jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, incorporó un nuevo y complejo capítulo en el marco de la causa que investiga la evolución de su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, trascendió en los tribunales federales la existencia de una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra de ropa blanca de alta gama efectuada durante el año 2025. El documento en cuestión fue localizado por los peritos en el teléfono celular del contratista Matías Tabar, uno de los nombres clave que integran el expediente.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Sergio Farella, el comprobante comercial arroja una cifra exacta de 8.183.303 pesos. La transacción fue realizada en Rosen The Store, una reconocida firma de origen chileno que se especializa en artículos de blanquería premium y que provee habitualmente a cadenas de hoteles de lujo internacionales con líneas exclusivas de sábanas elaboradas con algodón egipcio y otros materiales de alta calidad. Un detalle que despertó inmediata atención entre los investigadores es que la operación no figura a nombre directo del funcionario, sino al de Gisela Kocsis, una colaboradora estrechamente vinculada al área estatal de Medios y Comunicación.

El fiscal Pollicita pone la lupa sobre el histórico de Bitcoin

De forma paralela al hallazgo del polémico comprobante de blanquería, la Justicia aceleró los mecanismos técnicos para auditar otra de las principales justificaciones financieras presentadas por Adorni para sustentar su crecimiento económico. El fiscal federal Gerardo Pollicita formalizó un requerimiento a la Comisión Nacional de Valores (CNV) con el objetivo de reconstruir de manera integral el funcionamiento estructural del mercado de criptomonedas en la Argentina desde el año 2012.

La medida busca identificar con precisión qué plataformas de intercambio e intermediarios financieros operaban activamente en el país durante ese lapso. Con este cruzamiento de datos oficiales, la fiscalía apunta a auditar los siguientes puntos clave:

• Verificación de inversiones: Se busca constatar la veracidad de los argumentos de Adorni respecto a sus movimientos iniciales en el ecosistema de los activos digitales.

• El origen de los USD 200.000: El jefe de Gabinete afirmó haber invertido una suma cercana a los 200.000 dólares en Bitcoin durante los primeros años de desarrollo de dicho mercado a nivel local, un aspecto que ahora es minuciosamente revisado por los peritos contables.

• Análisis de correspondencia: La Justicia intenta determinar si existe una correlación matemática y documental nítida entre los flujos patrimoniales declarados por el funcionario y las operaciones económicas que continúan emergiendo del expediente judicial.