Las empresas concesionarias presentaron una solicitud de urgente recomposición tarifaria mediante una nota formal dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Schwarz. El documento fue firmado de manera conjunta por la histórica compañía operadora de las líneas azules y por Micro Ómnibus Nueva Pompeya S.R.L., firma encargada de brindar el servicio de las líneas verdes. En la misiva, las autoridades de ambas empresas pusieron en duda la continuidad de las prestaciones a corto plazo y advirtieron sobre su posible ausencia en la futura licitación del sistema si no se atienden de forma inmediata sus reclamos.

El pedido empresarial: un salto a $2300 por boleto

En el expediente ingresado al recinto legislativo, los empresarios reclamaron una revisión urgente de la fórmula polinómica vigente para elevar el costo del boleto plano a 2.300 pesos. Según argumentaron, este valor surge de una evaluación exhaustiva de los costos reales de explotación y resulta la única cifra viable para recomponer los ingresos necesarios que garanticen el funcionamiento diario de las unidades.

El contraste con el cuadro tarifario actual, que se abona exclusivamente a través del sistema SUBE, pone en evidencia el desfasaje que denuncian las compañías:

El desajuste económico que alega el sector empresarial encuentra un antecedente directo en febrero de 2024. En esa fecha, el Gobierno Nacional anunció formalmente la eliminación del Fondo Compensador del Interior, la cual constituía la principal herramienta de asistencia estatal destinada a subsidiar el costo del pasaje en los distritos del interior del país, exceptuando al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sueldos adeudados y unidades en estado crítico

La gravedad del escenario no se limita únicamente a las variables financieras expuestas por las firmas, sino que golpea de lleno la realidad de los trabajadores. Los choferes señalaron que al día de hoy no percibieron siquiera el 70% de los haberes correspondientes al mes de mayo, lo que configuró un contexto de profunda incertidumbre laboral y familiar. Al describir su situación cotidiana, los empleados resumieron el panorama de manera tajante: "Todos los meses trabajamos sin saber cuándo vamos a cobrar".

A la par del reclamo salarial, los conductores advirtieron sobre las preocupantes condiciones en las que se encuentra la flota circulante:

• Numerosas unidades se encuentran en un estado general que los choferes calificaron como "nunca antes visto".

• Las constantes roturas mecánicas reducen severamente la disponibilidad real de los colectivos en la vía pública.

• Aunque existen frecuencias teóricas fijadas desde las cabeceras, los imprevistos técnicos alteran el cronograma de forma constante.

Esta degradación material del parque automotor termina por impactar de forma directa sobre miles de usuarios que utilizan los colectivos cada jornada para viajar entre diversos puntos de la ciudad y la vecina localidad de Quequén.

Contratos al límite y una licitación a 20 años en juego

El pedido de aumento ingresó al debate político en una instancia de extrema sensibilidad cronológica, dado que los contratos de concesión actuales vencen formalmente durante los primeros días del mes de julio. Las firmas operadoras advirtieron oficialmente que, de no concretarse una rápida actualización de la tarifa, les resultará materialmente imposible asumir una nueva prórroga de los servicios vigentes.

Este complejo escenario choca con los planes del Ejecutivo local, encabezado por el intendente Arturo Rojas tras ser reelecto por su partido vecinalista, quien impulsa activamente el proceso licitatorio para adjudicar el control del transporte público por los próximos 20 años. Las prestatarias remarcaron que el actual retraso tarifario representa un obstáculo severo para participar de esa próxima convocatoria municipal. Esta advertencia oficial abre múltiples interrogantes sobre el futuro inmediato del sistema, en un momento donde las quejas por las demoras prolongadas y el mal estado de los coches dominan el malestar de los pasajeros.