El vocero presidencial y Jefe de Gabinete, Manuel Adorni atraviesa uno de los momentos más tensos desde su llegada al Gobierno, luego de que su declaración jurada despertara dudas sobre el origen de un incremento patrimonial significativo. La situación escaló cuando el propio funcionario aseguró haber obtenido cerca de medio millón de dólares a través de inversiones en Bitcoin, una explicación que no logró disipar las críticas internas y externas.

Según reconstrucciones periodísticas, antes de presentar su descargo Adorni habría intentado justificar el salto patrimonial mediante un préstamo privado, pero no consiguió respaldo. Finalmente, optó por atribuir el crecimiento de sus bienes a ganancias en criptomonedas y a ahorros previos que —según reconoció— no estaban bancarizados. “No hay delito”, sostuvo, al confirmar que ya presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

El episodio generó incomodidad dentro del oficialismo, donde algunos sectores consideran que la defensa del vocero no termina de cerrar y expone al Gobierno en un momento económico sensible. En paralelo, dirigentes opositores aprovecharon la controversia para exigir mayor transparencia y cuestionar la consistencia de los argumentos.

Mientras tanto, desde el entorno presidencial buscan bajar el tono del conflicto y evitar que el caso se convierta en un frente político adicional. La prioridad, remarcan, es que la documentación presentada ante los organismos de control sea suficiente para cerrar el tema.

El propio Adorni insiste en que las acusaciones responden a operaciones políticas y que su patrimonio está debidamente declarado. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y la comunicación institucional en un Gobierno que enfrenta un escrutinio público permanente.