El Senado sesionará este jueves desde las 11 para debatir un paquete de iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas el proyecto de propiedad privada que elimina los límites para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales y habilita desalojos “exprés” en casos de usurpación. La propuesta, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llega al recinto con modificaciones tras negociaciones con bloques dialoguistas.

El proyecto elimina las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque mantiene la prohibición para Estados extranjeros, empresas donde estos tengan participación y fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por capital estatal extranjero. Las provincias conservarán la potestad de autorizar ventas cuando no intervengan Estados extranjeros.

En materia de desalojos, la iniciativa establece un procedimiento acelerado exclusivamente para inmuebles usurpados. En el resto de los casos se mantienen los plazos actuales. Para contratos de alquiler, se fija un plazo de 10 días para intimar el pago y se habilita la notificación en el domicilio físico o electrónico denunciado por el locatario. Ante incumplimiento, el desalojo deberá tramitarse por el procedimiento más breve, de 10 días hábiles.

El capítulo de expropiaciones también fue modificado: la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar con precisión los motivos. Se fija un tope del 30% para indemnizaciones por lucro cesante y se establece una tasa de interés equivalente al IPC más la tasa del Banco Nación a 30 días.

En cuanto al manejo del fuego, se deroga la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 30 años en predios rurales incendiados. Para bosques nativos se mantiene la prohibición de cambio de uso, pero se elimina el plazo de 60 años establecido por la ley vigente.

La sesión también incluirá el tratamiento del proyecto que autoriza al Gobierno a pagar USD 171 millones a los fondos buitres Bainbridge y Attestor para cerrar litigios y evitar embargos sobre activos argentinos, como las acciones de YPF. Además, se votarán 50 pliegos judiciales y se postergará el debate de otros 23.