La tala de alrededor de 50 árboles en el sector de parrillas de Avenida Pinolandia y 10 encendió una nueva polémica sobre el manejo del espacio público por parte del gobierno de Arturo Rojas. Los trabajos se realizaron pese a que los pliegos para una eventual concesión todavía no fueron enviados al Concejo Deliberante, lo que deja al descubierto un movimiento anticipado y sin controles sobre un área de uso masivo por parte de vecinos y turistas.

El lugar intervenido es prácticamente el único sector habilitado para encender fuego en el Parque Miguel Lillo. Sin embargo, la gestión municipal impulsa un proyecto que busca cerrar ese espacio y reemplazarlo por puestos gastronómicos administrados por un concesionario privado. Según fuentes legislativas, los concejales aún no recibieron documentación formal y desconocen quién autorizó la tala.

La sospecha que circula entre ediles y organizaciones ambientales es que el propio interesado en la concesión habría iniciado los trabajos antes de cualquier evaluación técnica o administrativa. Hasta ahora, el Ejecutivo no informó qué área municipal estuvo a cargo ni presentó un parte oficial sobre el retiro de árboles.

El tema llegó esta semana a la Comisión de Medio Ambiente del HCD, donde vecinos expusieron sobre un proyecto para regular el arbolado urbano mediante asesoramiento ad honorem de especialistas. La iniciativa está frenada desde el año pasado y, según se supo, permanece sin respuesta en el despacho del Ejecutivo desde enero.

Mientras tanto, la Comuna solo anunció de manera general su intención de renovar la concesión del sector, aunque el borrador que circula no obliga a mantener el servicio de parrillas. La propuesta apunta a instalar locales comerciales en un área que funciona correctamente y que cumple una función social evidente: permitir el uso público del parque sin intermediación privada.

El episodio se suma a una serie de decisiones cuestionadas en torno a concesiones municipales. En los últimos años, la gestión Rojas impulsó entregas con oferente único en distintos puntos de la costa, intentó subastar el Complejo Casino sin proyecto aprobado y avanzó sobre terrenos del Vivero Municipal hasta que la Justicia lo frenó. En todos los casos, el patrón se repite: cesión de espacios públicos sin competencia real y con beneficios concentrados.

La tala en Pinolandia profundiza ese esquema. Esta vez, incluso antes de que exista un pliego, ya se modificó el patrimonio común a la vista de todos.