Las últimas apariciones de Javier Milei en distintos canales de streaming dejaron una serie de afirmaciones que generaron impacto político, institucional y judicial. En cinco horas de entrevistas repartidas entre Carajo y Neura, el Presidente combinó ataques personales, interpretaciones sin sustento y revelaciones que derivaron en una denuncia penal en su contra.

Uno de los ejes fue su intento de vincular la caída de la natalidad con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Milei aseguró que “la sociedad argentina hizo un desastre”, pero los datos oficiales lo contradicen: la natalidad cae de manera sostenida desde 2014, seis años antes de la sanción de la ley. La Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) registró 777.012 nacidos vivos en 2014, 533.299 en 2020 y 413.135 en 2024. La tendencia es global y multicausal, explicada por mayor acceso a anticonceptivos, educación sexual, cambios culturales y postergación de la maternidad.

-Los sindicatos docentes ahora se quejan de que están cerrando aulas y JARDINES de infantes, de que se quejan? Si ellos están a favor del aborto
+PERO CLARO!!

JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJ ES LO MAS ESTÚPIDO QUE ESCUCHÉ EN MI VIDA pic.twitter.com/aooStn9Whz

— TUGO News (@TugoNews) May 15, 2026

En paralelo, Milei dedicó largos tramos a descalificar a la periodista Débora Plager, a quien llamó “cómplice de asesinato” por haber defendido la legalización del aborto. El ensañamiento se inscribe en un clima de reacción frente a los avances de derechos, donde el Presidente suele construir enemigos a partir de figuras públicas, especialmente mujeres.

Pero el punto más delicado llegó con sus declaraciones en Neura, donde aseguró que su gobierno enfrentó “claramente un intento de golpe de Estado” tras la victoria electoral de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. También relató un presunto intento de soborno por parte de un empresario. Ambos episodios, al ser delitos de acción pública, deberían haber sido denunciados formalmente.

Por eso, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Milei por presunto “encubrimiento”. Sostiene que el Presidente incumplió su deber de funcionario público al no informar hechos que podrían encuadrar en los artículos 226 y 227 bis del Código Penal (atentado contra el orden constitucional) y en el 258 (cohecho activo).

Las declaraciones presidenciales, lejos de pasar inadvertidas, abrieron un nuevo frente institucional. Entre datos falsos, agravios y acusaciones sin sustento, los exabruptos de Milei ya no solo generan ruido político: ahora también quedaron bajo la lupa judicial.