Un informe técnico del Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas al detectar una red de corrupción y sobreprecios millonarios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación judicial, liderada por el fiscal Franco Picardi, apunta a un esquema montado para beneficiar a un grupo selecto de empresas mediante licitaciones manipuladas.
El trabajo de auditoría comparó las facturas abonadas por el Estado con los valores de referencia del mercado, encontrando diferencias que superan cualquier lógica comercial. Los datos son contundentes:
Sillas de ruedas: Se detectaron compras por $19 millones cada una, cuando el valor de mercado rondaba apenas $1,2 millones.
Insumos de alta complejidad: En julio de 2025, la ANDIS pagó $425 millones por válvulas cardíacas que el PAMI había adquirido poco antes por $124 millones.
Sobreprecios récord: Algunos insumos ortopédicos registraron diferencias de hasta el 4239% respecto a su valor real.
La Justicia investiga a un grupo de WhatsApp denominado “grupo museo”, donde exfuncionarios y operadores definían qué empresas ganarían las licitaciones. Entre las firmas bajo la lupa aparecen Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical e Imnova.
Uno de los principales señalados es el contador Osmar Mariano Caballi, socio de Farma Salud (empresa que recibió cerca de $7.900 millones), quien además había ocupado cargos jerárquicos en la agencia durante la gestión anterior. La sospecha es que utilizaba información privilegiada para direccionar los contratos estatales.
Actualmente, hay 49 personas citadas a indagatoria. El expediente judicial sostiene que se vulneró el sistema digital de licitaciones para favorecer a proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí, distorsionando la libre competencia y malgastando fondos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.