La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se da en un contexto de recortes presupuestarios y una profunda crisis salarial en el sector.

Esta medida, que contempla un paro docente nacional de 48 horas, busca visibilizar la grave situación que atraviesan las universidades públicas. El reclamo central gira en torno a un proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo ante el Congreso de la Nación, diseñado para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y científico argentino.

Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), enfatizó que "en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación". Alpa explicó que las casas de altos estudios enfrentan un "desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar", lo que impacta tanto en la operatividad diaria como en los salarios docentes y no docentes.

Además de la situación presupuestaria, se denunció la falta de respuestas respecto a obras paralizadas y la actualización de becas estudiantiles. La situación del sistema científico también es "muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado", según el CIN. Conadu, por su parte, precisó que la marcha también es por la recuperación de los salarios, el aumento de las becas estudiantiles y un mayor presupuesto para la ciencia y la tecnología.

Convocatorias y Manifestaciones:

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) anunció su adhesión al paro nacional. La jornada comenzará con un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas a las 10 de la mañana, seguido de una convocatoria en Plaza Houssay para marchar hasta el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

En ciudades como Rosario, Córdoba y La Plata, se prevén marchas de antorchas como parte de las manifestaciones locales para amplificar el reclamo.

Las organizaciones que impulsan la movilización también demandan que los diputados nacionales otorguen quórum en la sesión especial prevista para el 2 de julio. El objetivo es que las comisiones correspondientes emitan un dictamen favorable sobre el proyecto de ley presentado por el CIN, una norma que ya había sido aprobada por el Congreso en 2023, pero que fue vetada por el presidente Javier Milei.