El Gobierno nacional dio un paso fundamental en su plan de reforma y desinversión estatal. Mediante el Decreto 286/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, se autorizó la privatización total de Energía Argentina SA. (Enarsa), la empresa estatal con participación en múltiples actividades del sector energético del país.

La decisión, que había sido anticipada, pone en marcha el proceso hacia la venta de la empresa. El primer paso concreto establecido en el decreto es la venta del 50% de las acciones de Citelec S.A., la sociedad que ejerce el control de Transener, la principal operadora del sistema de transmisión de energía eléctrica en alta tensión en Argentina.

La venta de esta participación estatal se realizará a través de un concurso público que tendrá alcance nacional e internacional, enmarcado en los artículos 17 y 18 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Esta privatización se inscribe dentro del paquete de medidas impulsadas por la Ley Bases y constituye la etapa inicial de un plan más amplio de desinversión del Estado en empresas públicas. Según se fundamenta en el decreto, el objetivo es transferir la propiedad de Enarsa “mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio”, a través de un "procedimiento por etapas" que, según el Gobierno, busca garantizar la continuidad de los servicios y el avance de las obras en curso.

La estructura escalonada de la venta responde a una estrategia que, de acuerdo con el texto oficial, busca facilitar la incorporación de inversores privados en sectores donde se considera que la gestión pública "no ha alcanzado los resultados esperados". En los considerandos del decreto se afirma que "la intervención estatal ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado Nacional". Como argumento, se menciona que durante 2023 el Estado transfirió a Enarsa fondos por más de 1,2 billones de pesos, cifra que, según el decreto, evidencia la ineficiencia del modelo actual.

Un punto relevante es que el Gobierno resolvió no aplicar las preferencias que prevé el artículo 16 de la Ley 23.696. Esto implica que no habrá trato diferencial en el proceso de adquisición para los actuales accionistas de Citelec, como Pampa Energía (empresa controlada por Marcelo Mindlin que posee el otro 50% de Citelec), ni para los propios trabajadores de Enarsa. Se subraya también la necesidad de cumplir con la Ley 24.065 para evitar la integración vertical del sistema (que una misma empresa genere y transporte energía).

El Gobierno considera que la próxima conclusión de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que establecerá los aumentos y planes de inversión para los próximos cinco años, podría generar condiciones atractivas para los potenciales interesados en adquirir la participación estatal en Transener.

La venta de Citelec es solo el comienzo de un plan más amplio que prevé la enajenación progresiva del resto de las unidades de negocio de Enarsa. Entre los activos que el Ejecutivo busca vender se encuentran las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, el Gasoducto Perito Moreno, y las represas hidroeléctricas en construcción en Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

La intención final es que Enarsa reduzca su función a los segmentos de Gas Natural Licuado (GNL) y comercialización de gas, en línea con compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El procedimiento de privatización se desarrollará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la participación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Ambas entidades serán responsables de supervisar el cumplimiento del marco legal.