El campo argentino, uno de los motores fundamentales de la economía, presenta estructuras de costos que generan debate, especialmente para aquellos productores que trabajan tierras arrendadas. Un reciente informe del productor y exfuncionario Néstor Roulet, titulado “¿vendo o no vendo?”, pone cifras a esta realidad al calcular cuánta de la preciada cosecha de soja se destina, lisa y llanamente, a pagar el alquiler de los campos.

Según el documento de Roulet, un dato central es que aproximadamente el 60% de los 33 millones de hectáreas donde se siembran los principales granos en Argentina son alquiladas. Y la cifra que enciende las alarmas es contundente: el 41% de la soja producida por estos productores se utiliza para afrontar los costos de los arrendamientos.

Roulet ejemplifica que, en el caso de la soja, el alquiler promedio equivale a unos 12 quintales (1,2 toneladas) por hectárea. Si bien las modalidades de pago varían (grano, dinero, u otras), se estima que alrededor de 19 millones de toneladas del "poroto" irían a pagar arrendamientos, de un total proyectado de 46 millones de toneladas para la cosecha nacional. De ahí la cifra impactante del 41%.

La realidad de los productores que alquilan contrasta fuertemente con algunas sugerencias que llegan desde el ámbito gubernamental, como la de vender rápido los granos para evitar el retorno de retenciones al 33% o realizar operaciones de "carry trade" (invertir en pesos financieros) con el dinero obtenido. Roulet relató que al preguntar a productores qué harían con sus granos, tras descontar otros costos esenciales como fletes (10%), servicio de cosecha (8%) e insumos (35%), que ya absorben más de la mitad de lo cosechado, la respuesta mayoritaria fue clara: no venderían para invertir financieramente, sino que la "dejaban en el campo para pagar los alquileres" o la guardarían "en bolsones para el alquiler y para comenzar con la otra campaña".

¿Feudalismo del Siglo XXI?

Esta situación, donde una parte tan significativa del fruto del trabajo del productor (con su inversión en insumos, maquinaria, tecnología y riesgo) se transfiere al propietario de la tierra como una renta fija (a menudo tasada en quintales de grano o dólares), lleva a algunos a utilizar un concepto que genera controversia pero ilustra la dinámica: el "feudalismo del siglo XXI".

Aunque la comparación con la estructura social medieval es, por supuesto, una metáfora y no una equivalencia exacta, el término busca describir una estructura económica donde una porción desproporcionada de la riqueza generada en el campo por la actividad productiva (el trabajo del agricultor) queda en manos del rentista (el dueño de la tierra), independientemente de la rentabilidad final del productor o de las fluctuaciones del mercado. Esta alta carga fija del alquiler limita la capacidad del productor para capitalizarse, invertir en tecnología, afrontar imprevistos climáticos o económicos, y lo ata a un ciclo donde gran parte de su esfuerzo se destina a cubrir el costo de usar la tierra. La cifra del 41% de la cosecha de soja destinada a este fin es vista por quienes usan esta analogía como una prueba del peso que tiene la renta en la ecuación económica del productor arrendatario.

Esta realidad es particularmente relevante en regiones como la de Necochea, con un fuerte componente agropecuario donde la modalidad del arrendamiento de campos es muy extendida. La carga del alquiler impacta directamente en la rentabilidad de muchos productores locales y condiciona sus decisiones productivas y comerciales.