

La medida responde a la acusación de la Fiscalía de Delitos Complejos, que los señala como responsables de una asociación ilícita dedicada a la malversación de fondos de la empresa entre 2019 y 2024.
Según la Fiscalía, los imputados habrían desviado aproximadamente $6.000 millones, afectando gravemente el patrimonio de la agroexportadora. Entre las irregularidades detectadas, se destaca:
Autoasignación de retiros voluntarios por $2.000 millones.
Uso de fondos de la empresa para pagar una fianza personal de $40 millones, con el fin de evitar la cárcel.
Obtención fraudulenta de créditos y granos mediante documentación falsificada, a sabiendas de que la empresa no podría cumplir con sus obligaciones.
La Fiscalía sostiene que estas maniobras contribuyeron a la cesación de pagos de Vicentin en 2019, cuando la compañía acumulaba deudas cercanas a los USD 1.300 millones. Esto perjudicó tanto a acreedores como a empleados, quienes enfrentaron serios problemas para cobrar sus salarios.
A pesar de que la empresa argumentó dificultades financieras derivadas del contexto económico nacional, la investigación apunta a que la crisis fue resultado de acciones fraudulentas del directorio.
Las investigaciones revelaron que los exejecutivos habrían recibido favores políticos durante la gestión de Carlos Vaudagna, exdirector de la AFIP, quien reconoció haber intervenido para evitar sanciones fiscales contra la agroexportadora en los años previos a su default.
La causa involucra a 19 exdirectivos y es una de las más relevantes en materia de delitos económicos de los últimos años. En 2023, el fiscal Miguel Moreno solicitó penas de hasta 17 años de prisión para varios de los imputados.
La detención de Scarel, Macua, Gazze y Buyatti es solo una de las primeras medidas tomadas por la Justicia, y se espera que en los próximos meses avancen las investigaciones y posibles nuevas imputaciones.