

En un giro que ha generado controversia en el ámbito internacional, las reacciones frente a la reciente política arancelaria de Donald Trump no se han hecho esperar. Con la imposición de un arancel del 25% sobre automóviles importados y otros productos estratégicos, países y sectores industriales de todo el mundo han expresado su rechazo.
La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes del Motor (SMMT) expresó su decepción ante el plan de imponer aranceles a los automóviles importados. Mike Hawes, director ejecutivo de la SMMT, lamentó que la medida afecte a la larga y productiva relación entre las industrias automotrices de ambos países. Destacó la necesidad de explorar oportunidades que beneficien tanto a fabricantes británicos como estadounidenses, subrayando que Estados Unidos es el segundo mayor mercado para la industria automotriz del Reino Unido.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, condenó la decisión de Estados Unidos, señalando que estos aranceles violan las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dañan el sistema de comercio multilateral. Guo enfatizó que en una guerra comercial nadie sale ganador y que tales medidas perjudican los intereses globales, además de no contribuir a resolver los problemas internos de Washington.
En Tokio, el primer ministro Shigeru Ishiba dejó claro que Japón no aceptará el arancel del 25% y pidió negociaciones para lograr una exención. Tras reuniones estratégicas con altos funcionarios, el gobierno japonés evaluará el impacto en su sector industrial y apelará por una solución que proteja tanto la economía nacional como la relación bilateral con Estados Unidos. Esta postura se basa en las importantes inversiones y la creación de empleo que Japón aporta al mercado estadounidense.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó fuertemente la imposición de aranceles no solo en el sector automotriz, sino también en sanciones económicas a países que compren petróleo o gas de Venezuela. Sheinbaum destacó que estas medidas van en contra de los principios de la política exterior mexicana y afectan a toda la nación, enfatizando el respeto a la Constitución y la soberanía del pueblo.