

El fallo, emitido por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspende la medida por un plazo de seis meses, marcando un nuevo revés para la administración libertaria.
El juez Ramos Padilla determinó suspender los efectos del decreto, argumentando que la medida no demostró que el Banco Nación estuviera en situación de déficit ni acreditó un perjuicio concreto para los contribuyentes o el funcionamiento del Estado. En su fallo, se indicó:
“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos del Decreto 116/2025, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes. Ello, por el plazo de seis meses, conforme lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.854.”
El magistrado destacó que transformar al Banco Nación implicaría asumir el riesgo de desproteger un activo clave para la economía, esencial para mitigar crisis y financiar sectores estratégicos, como el agrícola, industrial y comercial, además de gestionar fondos de jubilaciones y pensiones.
Falta de Justificación del Gobierno:
La medida del Poder Ejecutivo no logró acreditar el interés público necesario para justificar la privatización del ente, recurriendo a argumentos de alta indeterminación.
Riesgo de Transferencia de Activos:
De avanzar con la transformación, se correría el peligro de que acciones del Banco Nación pasaran a manos privadas, sin la debida intervención del Congreso.
Ley Bases y Exclusión de Privatización:
El fallo también remarca que, según la Ley Bases aprobada en junio de 2024, el Banco Nación fue excluido de la lista de entidades sujetas a privatización, reafirmando su carácter de ente autárquico público.
La causa se inició el 11 de junio, cuando la Asociación Bancaria —organismo que representa a los empleados del sector, encabezado por el diputado Sergio Palazzo de Unión por la Patria— solicitó la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348 y de cualquier acto orientado a avanzar con la privatización.
El fallo del juez Ramos Padilla constituye un claro mensaje en contra de las medidas que pretendan modificar el estatus del Banco Nación sin demostrar de forma fehaciente un beneficio real para el interés público.