La denuncia llevó a un allanamiento en una vivienda de la ciudad, donde efectivos especializados incautaron cuatro dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes para determinar la magnitud del caso. Además, se investiga si existe una red de distribución más amplia operando en plataformas digitales.

El fiscal Marcos Bendersky enfatizó la gravedad del uso de la tecnología para estos delitos y destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la explotación infantil.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad local, donde vecinos y organizaciones sociales han manifestado su repudio y han subrayado la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para frenar estos crímenes.

Las pericias en curso podrían aportar información crucial para identificar a los responsables y, en caso de hallarse vínculos con otras investigaciones, el caso podría escalar a una acción judicial de mayor alcance. Las autoridades reafirmaron su compromiso en erradicar la explotación infantil digital y reforzar la protección de menores en la era tecnológica.