Según afirman, la situación podría derivar en embargos masivos a partir del 31 de diciembre, afectando a instituciones que brindan atención a más de 30 millones de argentinos.
Con la llegada de Milei al poder, en diciembre de 2023, se dio fin a la declaración de emergencia sanitaria, lo que eliminó beneficios fiscales clave como el programa FESCAS (antes ATP y Repro Salud) y el Decreto 300. Esto profundizó el deterioro económico de los prestadores, que ya enfrentaban dificultades desde la pandemia.
De las 25.000 instituciones de salud privada registradas en el país, al menos 5.000 ya fueron identificadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y están en riesgo de embargos. Este escenario se agrava porque el próximo 31 de diciembre caducará la Resolución 617/24, que suspendía temporalmente los juicios de ejecución fiscal y las medidas cautelares contra estas instituciones.
Aunque existe un plan de pagos extraordinario bajo la Ley Bases, los representantes del sector consideran que no es viable para la mayoría. Además de los millonarios adelantos requeridos, deben afrontar cuotas mensuales que resultan imposibles de pagar en las actuales condiciones financieras.
Adecra+Cedim solicita al Gobierno la prórroga de la Resolución 617/24 para evitar una ola de embargos y la posible paralización de servicios esenciales. Advierten que el “stock de deuda más el flujo de fondos futuros” hace inviable cumplir con las obligaciones fiscales acumuladas durante décadas.