En respuesta, lanzaron un paro de actividades que se extenderá durante lo que queda de la semana, en protesta contra las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) convocó a un paro que incluirá un apagón informático de 10 a 12 horas, junto con la realización de asambleas en los lugares de trabajo. La medida también cuenta con la adhesión de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), uno de los principales gremios del organismo.
Aunque desde las bases sindicales se reclamaba un paro general inmediato, las conducciones gremiales optaron por avanzar con medidas progresivas. La decisión se oficializó durante una asamblea en el edificio de la Aduana Central, donde participaron los trabajadores junto con los líderes sindicales Carlos Sueiro (SUPARA) y Pablo Flores (AEFIP).
Los gremios calificaron las medidas del Gobierno como unilateral e inconstitucional, afirmando que estas afectan tanto a los trabajadores como a sus familias. En un comunicado, advirtieron que llevarán adelante acciones gremiales y judiciales para defender cada uno de los puestos de trabajo amenazados.
"Reiteramos el absoluto repudio y rechazo a este anuncio que avasalla al conjunto de la clase trabajadora. Aquellos que impulsen estas medidas deberán asumir las consecuencias políticas y penales de su accionar ilegítimo", señalaron los sindicatos. Además, convocaron a un plenario nacional de delegados para el 1 de noviembre en la sede del SUPARA, donde se definirán los próximos pasos del plan de lucha.
El vocero oficial, Manuel Adorni, anunció que la AFIP será reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una estructura simplificada para reducir costos para los contribuyentes. Esta nueva entidad estará compuesta por dos áreas: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Además, se anunció una reducción del 45% de los cargos superiores y del 31% de los inferiores, lo que implica la disponibilidad de 3.000 empleados, aproximadamente el 15% de la planta total. Esta reestructuración ha generado preocupación entre expertos tributarios, dado que consideran que la operatividad de la AFIP era clave para la recaudación fiscal.
Los salarios de los directores, que anteriormente llegaban a 30 millones de pesos, serán ajustados para igualarse con los de un ministro nacional.
Pese a la magnitud de los cambios anunciados, especialistas aseguran que los contribuyentes notarán los efectos de la reforma recién en algunos meses. El plan de lucha gremial busca evitar que los despidos y la reestructuración afecten el funcionamiento de la agencia y la eficiencia en la recaudación.
Los próximos días serán determinantes para definir si las medidas de fuerza se intensifican, en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores de la ex AFIP y el Gobierno.