Disolución del INADI: Políticas Contra la Discriminación Bajo el Ministerio de Justicia

A partir de ahora, las políticas contra la discriminación y el racismo estarán directamente bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

El decreto, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, establece en su Artículo 1°: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.

El Gobierno ordena también la “transferencia de la totalidad de los recursos materiales y financieros” del INADI al Ministerio de Justicia, que será el encargado de “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

Declaraciones Oficiales y Motivos de la Disolución

El 22 de febrero, el vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado en conferencia de prensa: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”.

En los considerandos del decreto, el Gobierno menciona que la prórroga sucesiva de la intervención del organismo, “por espacio de 12 años”, demuestra “el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”, evidenciando que el diseño organizacional adoptado no era adecuado para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia.

La actual gestión descubrió “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.

Detalles de las Irregularidades

El decreto detalla que el INADI contaba con “cuatrocientos treinta y un (431) agentes activos al momento de asumir la actual gestión de Gobierno, distribuidos en cuarenta y cuatro (44) sedes, entre delegaciones y subdelegaciones en todo el país, sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores”. Solo en marzo de 2024, el Estado abonó a ese personal unos $315 millones, “monto que equivale aproximadamente a dos mil trescientas cuarenta y siete (2347) jubilaciones mínimas”.

Además, se asegura que “el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos”..