La causa, radicada en el Juzgado N° 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es impulsada por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) y busca la revisión de las liquidaciones aplicadas durante los últimos tres años, además del reintegro de los montos percibidos de manera indebida.
El expediente fue presentado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, tras relevar situaciones de usuarios que acudieron al financiamiento de la billetera virtual para cubrir emergencias económicas cotidianas y terminaron asumiendo costos financieros desproporcionados. Aunque la acción judicial se originó a partir de dos presentaciones individuales, la estrategia de la entidad querellante apunta a otorgarle alcance de acción de clase (colectiva). En caso de obtener una sentencia favorable, la medida sentará un precedente que podría beneficiar de manera directa a cerca de siete millones de usuarios en todo el país.
La pretensión central del colectivo de consumidores exige que los tribunales analicen la evolución de los montos exigidos por la compañía a lo largo de los últimos 36 meses. El objetivo del planteo legal radica en que la empresa ajuste sus esquemas de financiamiento a parámetros de razonabilidad y devuelva los saldos excedentes cobrados bajo conceptos de intereses punitorios y compensatorios fuera de norma.