El Gobierno formalizó la licitación de trenes para privatizar el sistema de cargas

La medida, impulsada a través de la resolución dictada por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, profundiza el proceso de privatización previsto en la Ley Bases y abre el camino para la transferencia hacia el sector privado de una red estratégica que supera los 7.500 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones clave a los principales puertos agroexportadores y a cinco países limítrofes.

Un esquema de acceso abierto con exigencias de inversión y RIGI

El nuevo modelo diseñado por la gestión libertaria establece un régimen de acceso abierto, bajo el cual los futuros concesionarios deberán garantizar que distintos operadores puedan utilizar la infraestructura ferroviaria mediante condiciones objetivas y no discriminatorias. A cambio de la administración del tendido, el pliego contempla un esquema de Planes de Inversiones Obligatorias y otorga la posibilidad de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a aquellas empresas que destinen desembolsos mínimos de 200 millones de dólares a la renovación de vías y obras de envergadura. La extensión del plazo contractual a cinco décadas busca otorgar la previsibilidad jurídica y financiera necesaria para amortizar inversiones de capital intensivo con metas globales cercanas a los 1.000 millones de dólares.

Diagnóstico oficial e intervenciones prioritarias

Al fundamentar la decisión, el titular de Economía sostuvo que el sistema ferroviario estatal arrastra un deterioro estructural de varias décadas, señalando que pese a que la producción agropecuaria se multiplicó por seis desde los años setenta, el Belgrano Cargas transporta actualmente volúmenes inferiores a los de aquel período. La firma estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. presentaba severas pérdidas económicas, una elevada tasa de descarrilamientos y una subejecución de mantenimiento que alcanzó el 40% en material tractivo durante 2023. Para revertir este cuadro, las empresas adjudicatarias deberán concretar en los primeros cinco años obras clave como la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano, la rehabilitación del corredor principal de la Línea San Martín y la restauración del ramal troncal de la Línea Urquiza.

Venta de activos y el nuevo rol del Estado

Complementariamente, la normativa autoriza a los privados a adquirir las locomotoras y vagones del parque actual. Los fondos obtenidos por el remate o venta del material rodante ingresarán a un fideicomiso específico orientado a financiar parcialmente el plan de obras obligatorias, permitiendo que los propios activos existentes contribuyan a la reconstrucción de la red. El Estado nacional abandonará la gestión operativa directa para volcarse exclusivamente a tareas de regulación, fiscalización y control, en un intento por sustituir un esquema deficitario por un modelo privado orientado a la competitividad de las exportaciones argentinas.