Tras sus declaraciones en Córdoba, donde justificó el uso de una "escopeta de estruendo" y responsabilizó de la violencia a los manifestantes, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la funcionaria y el efectivo policial ante el Juzgado Federal N° 1.
Durante una disertación ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Monteoliva argumentó que la falta de identificación visible del jefe policial obedece a que "es probable que haya tenido su placa colgada", pese a que las secuencias fotográficas de la prensa demuestran de forma inequívoca lo contrario.
Al ser consultada por el uso del armamento, la titular de la cartera minimizó el episodio sosteniendo que se trataba de un arma que dispara munición de estruendo para generar ruido. Sin embargo, la ministra no explicó por qué un mando superior vestido de civil apuntó directamente a la multitud. Ante la insistencia periodística sobre los heridos de la jornada —que incluyeron a una reportera gráfica con fractura de cráneo—, la funcionaria desplazó las responsabilidades hacia los manifestantes y afirmó que unos 200 efectivos policiales sufrieron lesiones de diversa gravedad.
MONTEOLIVA SE CONTRADIJO SOLA.
— DALBÓN (@Gregoriodalbon) August 10, 2026
Dice que no sabe siquiera qué cargo ocupa el Comisario Inspector Gustavo Gauna dentro de la Policía Federal.
Pero, curiosamente, sí sabe qué arma llevaba y hasta pretende explicar qué munición utilizaba.
¿No conoce la función del funcionario que…
La defensa política no logró frenar el avance del conflicto en los tribunales de Comodoro Py. La presentación efectuada por Dalbón ingresó en el juzgado a cargo de María Servini y cuenta con la intervención de la Fiscalía Federal N° 2, conducida por Carlos Rívolo.
La denuncia impulsa una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones o apremios ilegales, incluyendo en la imputación a quienes hayan participado de la planificación y conducción del operativo.
El escrito judicial remarca que la actuación de Gauna no puede ser analizada como un hecho aislado o individual. En ese sentido, la querella solicitó determinar si el despliegue de efectivos armados y de civil obedeció a una directiva planificada y avalada por las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad o si se trató de un exceso en las órdenes recibidas, situando a la propia Monteoliva bajo la lupa de la Justicia Federal.