La resolución dictada en Texas vuelve a colocar el foco sobre la causa penal en la Argentina, donde el exdiputado nacional se encuentra imputado por presunto lavado de dinero.
El fallo fue emitido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas, a cargo del juez Amos L. Mazzant, tras validar la admisión de responsabilidad efectuada por Machado:
Cambio de estrategia: Tras ser extraditado desde Viedma a Houston en noviembre pasado, el empresario modificó su postura inicial de "no culpable" para cerrar un acuerdo con la fiscalía.
Cargos admitidos: Reconoció su culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico cometidos mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, a través de las cuales captaba depósitos de inversores por la venta de aviones no disponibles.
Retiro de acusación grave: A cambio de aceptar su responsabilidad y evitar el juicio por jurados, la Fiscalía de Texas desestimó el cargo por narcotráfico que pesaba sobre él desde 2020.

El avance del expediente norteamericano repercute de forma directa en el fuero federal local. La Fiscalía de Texas incorporó como evidencia una transferencia de 200.000 dólares realizada a favor de Espert en enero de 2020 desde el Bank of America, vinculada al uso de una aeronave de Machado en el país.
Investigación en San Isidro: El expediente local está en manos del fiscal federal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, causa por la cual Espert ya debió renunciar tiempo atrás a una candidatura a diputado.
La postura de Espert: El economista argumentó que la transferencia correspondió al pago parcial de un contrato de consultoría por un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala que se canceló por la pandemia. En julio pasado presentó un escrito y correos electrónicos para intentar probar la autenticidad del vínculo comercial.
Aunque la culpabilidad de Machado ya quedó ratificada, el tribunal aplazó la fijación de la pena a la espera del informe preprocesal:
Años de prisión: Por los delitos de conspiración para lavar activos y fraude electrónico, la pena máxima podría alcanzar los 20 años de prisión, acompañados por períodos de libertad supervisada, multas y decomiso de bienes.
Cómputo de la pena: La defensa del financista solicitará que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en Viedma y el tiempo que lleva privado de su libertad en Estados Unidos.