La distancia territorial suele ser la mejor aliada del olvido administrativo. Ubicado en Necochea pero dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hogar de Residencia Permanente Dr. Alejandro Raimondi quedó en el centro de la tormenta política. Un severo proyecto de resolución ingresó a la Legislatura porteña exigiendo respuestas inmediatas sobre el estado del establecimiento. El Ejecutivo tendrá un plazo de treinta días para rendir cuentas sobre una gestión que acumula demasiadas sombras en la costa atlántica.
El pedido de informes presentado por el Diputado Andrés La Blunda, expone las sospechas de un vaciamiento silencioso y traslados de residentes sin justificación clara. Los legisladores demandan conocer la cantidad exacta de adultos mayores alojados, discriminados por su nivel de dependencia psicofísica. La iniciativa busca desenterrar los criterios técnicos detrás de las vacantes que se abren y nunca vuelven a ocuparse. El fantasma del achicamiento del histórico dispositivo estatal ya recorre los pasillos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
La caja del hogar también es parte del cuestionamiento generalizado. La oposición exige el detalle del presupuesto ejecutado en este 2026 y la evolución de los recursos desde 2024. Resulta indispensable auditar los fondos destinados a alimentos, medicamentos y la precaria infraestructura edilicia del lugar. El subtexto del poder es evidente: la descentralización no puede transformarse en una zona liberada para el desfinanciamiento de las políticas asistenciales.
Por último, el foco se posa sobre la planta de personal y los polémicos programas de desinstitucionalización. Con una capacidad declarada de 170 plazas, el temor a una reducción de trabajadores especializados mantiene en alerta a los gremios. La distancia de la Capital no exime al Gobierno porteño de garantizar los derechos mínimos de los residentes. El expediente ya camina por los despachos de la Ciudad, rompiendo un silencio que incomoda al poder central.