En medio de una creciente expectativa política por la demorada presentación de su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, formalizaron su solicitud de adhesión al polémico régimen de "Inocencia Fiscal".
A través de este mecanismo de regularización tributaria, creado por el oficialismo mediante la Ley 27.799, el funcionario y su cónyuge podrán exteriorizar fondos y activos que no habían sido declarados previamente ante el fisco, así como rectificar declaraciones juradas de años anteriores. Aunque desde el entorno del jefe de ministros intentaron relativizar la maniobra ante las consultas periodísticas, asegurando que no planean regularizar "dinero del colchón", la jugada generó fuertes repercusiones en el arco político y judicial.
La presentación de Angeletti se realizó el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras que el propio Manuel Adorni completó el trámite de adhesión formal durante la jornada de ayer.
La legislación económica promovida por la administración de Milei implementa un esquema simplificado que otorga un manto de protección legal a los contribuyentes frente a futuras revisiones del organismo recaudador.
Efecto liberatorio: El sistema permite confirmar o modificar una declaración jurada precargada. Una vez aceptada y abonado el saldo correspondiente, ARCA queda impedida de revisar de forma retroactiva las declaraciones previas del contribuyente.
Cláusula de discrepancia: El fisco solo puede romper este bloqueo si detecta de forma posterior una inconsistencia significativa superior al 15% entre lo declarado y los activos reales.
Límites de facturación y patrimonio: El régimen general está diseñado para personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones. Sin embargo, permite ingresar dinero en efectivo al sistema bancario por fuera de ese tope y sin obligación de justificar su origen, siempre y cuando el patrimonio neto total del adherente no supere los $10.000 millones.
Según una investigación publicada por el diario La Nación, el detalle de los montos y los activos específicos que la pareja busca regularizar se encuentra bajo estricto secreto fiscal. No obstante, los movimientos en el historial tributario de la esposa del jefe de Gabinete han vuelto a encender las alarmas en los organismos de control:
Bettina Angeletti se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas". A pesar de haber revocado su condición de monotributista tiempo atrás, recién regularizó sus altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias hacia fines de 2025.
Al asumir su esposo como una de las máximas figuras del Poder Ejecutivo, Angeletti pasó a integrar formalmente la nómina de Personas Políticamente Expuestas (PEP), un estatus que exige un estándar de transparencia internacional mucho más riguroso respecto al origen de los fondos de consumo y ahorro.
La decisión de la familia Adorni de acogerse a este beneficio fiscal no se produce en un vacío institucional. El jefe de Gabinete enfrenta desde hace semanas una investigación en los tribunales federales por presunto enriquecimiento ilícito, motorizada por las evidentes inconsistencias públicas entre su nivel de gastos y consumos y los ingresos percibidos formalmente por su rol en la función pública.
El amparo en la Ley de Inocencia Fiscal le otorga al ministro coordinador un puente técnico para justificar y bancarizar activos antes de exponer los números finales de su postergada declaración jurada anual, en lo que representa uno de los flancos de conflicto ético más complejos que le toca digerir al oficialismo en lo que va del año.