El alivio en las facturas de servicios públicos parece ser una utopía. Este martes, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), oficializó los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir desde el 1 de abril. La medida, que alcanza a usuarios residenciales, comercios e industrias, es un paso más en la agresiva política de recomposición de precios iniciada tras la declaración de la emergencia energética.
Para quienes viven en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el ajuste será inmediato y generalizado. Según las resoluciones publicadas, el incremento promedio será el siguiente:
Edenor: Aplicará una suba del 2,04%.
Edesur: Tendrá un incremento del 1,98%.
Lo relevante de esta actualización es que nadie queda afuera: el ajuste se traslada tanto a los hogares que aún mantienen subsidios como a los de altos ingresos. Incluso los clubes de barrio y de pueblo verán reflejado el aumento en sus próximas boletas. Según el Ejecutivo, esta suba es necesaria para sostener la remuneración de las distribuidoras frente a una inflación que no da tregua.
El extraño milagro de Adorni
En paralelo, el Ministerio de Infraestructura provincial también dio luz verde a los nuevos valores para el resto del territorio bonaerense. A través de la Resolución 173/2026, se estableció un aumento promedio del 1,3% para las empresas Edea, Edelap, Eden y Edes.
En términos reales, el impacto estimado por la Provincia es:
Usuarios sin subsidios: Pasarán de pagar unos $52.000 a aproximadamente $52.650 mensuales.
Usuarios con subsidios: La factura saltará de los $33.300 a los $33.700 mensuales.
Dato Clave: Si bien el aumento rige para los consumos de abril, el golpe real al bolsillo se sentirá con fuerza en las facturas que lleguen a los domicilios entre finales de este mes y mayo.
Este nuevo esquema tarifario no llega solo. Se produce apenas un día después de que se oficializara el aumento en las tarifas de gas. La estrategia oficial es clara: acelerar la reducción de subsidios estatales para que el usuario final absorba el costo total del sistema.
Con una inflación que en febrero marcó un 2,90% (según el IPC), los servicios públicos vuelven a ser el motor que presiona sobre el presupuesto de las familias y los pequeños comercios, que ya no saben cómo estirar los ingresos para cubrir los costos básicos de funcionamiento.