La situación del Hogar Martín Rodríguez, en Ituzaingó, encendió alarmas en todo el conurbano: denuncias de precarización, falta de personal, episodios de violencia interna y una licitación que dejó en manos de una empresa sin antecedentes la administración del establecimiento. El combo alimentó la sospecha de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa un proceso de privatización encubierta bajo el argumento de “modernizar” la gestión.

Pero el caso no es aislado. A más de 500 kilómetros, en Necochea, el Hogar Raimondi a cargo del Dr. Hugo Quiroga —también dependiente del GCBA— atraviesa un escenario similar. En los últimos días, la incertidumbre creció entre trabajadores y residentes por una licitación que podría dejar al hogar en manos privadas, repitiendo el esquema del Martín Rodríguez. A esto se suma un episodio que expuso el deterioro institucional: según pudimos averiguar, un residente alcoholizado ingresó con una picana eléctrica y amenazó a otros residentes y al personal, un hecho que dejó en evidencia la falta de controles, recursos y acompañamiento profesional.
En ambos hogares, las denuncias coinciden: reducción de personal, infraestructura deteriorada, ausencia de insumos básicos y un clima de abandono que se profundiza mientras avanza el proceso de tercerización. Para trabajadores y familiares, el patrón es claro: primero se vacía, luego se privatiza.

La pregunta que sobrevuela es si este modelo es una política deliberada del Gobierno porteño para desentenderse de la gestión directa de los hogares de larga estadía. Y, sobre todo, qué ocurrirá con los adultos mayores —uno de los sectores más vulnerables— si el Estado se retira y delega su cuidado en empresas sin trayectoria ni controles sólidos.
El espejo entre Ituzaingó y Necochea es inquietante: dos hogares, dos crisis calcadas y un mismo administrador político. Si el vaciamiento continúa, la privatización podría dejar de ser una sospecha para convertirse en un hecho consumado.