El "sirenazo" que aturde a Rosario no es señal de alerta, es el sonido de la implosión. La ciudad se ha convertido en la vidriera más cruda de un modelo de gestión que celebra el superávit fiscal mientras abandona a quienes deben poner el cuerpo en la calle.
La crisis es el resultado de una ineptitud compartida. El gobierno de Javier Milei licuó los salarios de la fuerza con un ajuste brutal; la ministra Patricia Bullrich prometió "orden" pero sus protocolos chocan con la realidad de agentes que cobran sueldos de indigencia; y el gobernador Maximiliano Pullaro, que apenas días atrás celebraba una "baja histórica" del delito en enero, hoy responde a la crisis con amenazas y sanciones en lugar de recursos.
El quiebre es moral y humano. Mientras la política discute "pases a disponibilidad" de más de 40 efectivos, la realidad golpea con crudeza: el intento de suicidio de una oficial en medio de la protesta expuso el nivel de desesperación de quienes viven uniformados y en la pobreza.
Hoy Rosario es una zona liberada, no por decisión táctica, sino por abandono estatal. Los narcos miran de reojo cómo el Estado se pelea consigo mismo, dejando a los ciudadanos rehenes de un experimento libertario que olvidó que sin seguridad, no hay libertad posible.