En una resolución que sacude los cimientos de la gestión libertaria, el juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas, acusándolos de conformar una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado.
El fallo es lapidario: describe cómo, mientras el Gobierno ejecutaba un brutal recorte sobre las pensiones y prestaciones para personas con discapacidad entre fines de 2023 y octubre de 2025, los funcionarios de la agencia montaron un esquema de compras direccionadas y sobreprecios que alcanzaron el 1.960%.
"Una agencia pensada para asegurar el derecho a la salud... se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió", sentenció Casanello en su escrito.
Uno de los puntos más gráficos de la corrupción descrita en el expediente es el destino de los fondos desviados. Según la investigación, Spagnuolo —quien fuera abogado de Javier Milei— no solo permitía las maniobras, sino que cobraba su parte.
La Justicia comprobó que el exfuncionario financió la ampliación de su casa, específicamente una "galería con parrilla", con dinero proveniente de los sobornos. El empresario y lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como el cerebro detrás de las droguerías beneficiadas, le saldó deudas directas con proveedores. Un arquitecto declaró en la causa: "Me pagó en efectivo y en dólares. En el presupuesto original no estaban contemplados algunos arreglos... el gasto complementario pudo haber rondado los USD 20.000". Además, se probó que Spagnuolo pidió 5 millones de pesos en efectivo para costear un viaje a Israel.

La maniobra consistía en direccionar licitaciones de medicamentos de alto costo y baja incidencia (como implantes cocleares y audífonos) a un grupo selecto de cuatro empresas vinculadas a Calvete: Profarma, New Farma, Floresta S.A. y Génesis.
Estas firmas, que simulaban competir entre sí, se quedaron con más del 93% de las adjudicaciones especiales entre mediados de 2024 y 2025. Solo dos de ellas facturaron más de 30.000 millones de pesos con sobreprecios exorbitantes, todo bajo la mirada cómplice de los funcionarios de la ANDIS que debían controlar.
Quizás lo más inquietante del fallo de Casanello es la advertencia de que la trama no termina en Spagnuolo. El juez señaló que existen indicios de que intervino "otro nivel de complicidades", sugiriendo que el esquema de recaudación podría haber tenido terminales en lo más alto del poder político.
Los chats incautados en los teléfonos de los procesados mencionan explícitamente a figuras clave del entorno presidencial:
En mensajes entre Pablo Atchabahian (procesado) y Calvete, se habla de estar "alineados" y se menciona a "Lule" (en referencia a Eduardo Menem) y a "Caputito" (Santiago Caputo).
En otros intercambios, se hace alusión a "llegar a Karina" (Milei), a quien definen como "la que define todo".
El juez advirtió que el "desenfado" y la impunidad con la que se movían sugieren que la operatoria no estaba encapsulada solo en la ANDIS.
El juez dictó embargos multimillonarios para recuperar parte de lo defraudado. El más alto recayó sobre Spagnuolo, por $202.828.725.464.
La lista de procesados incluye a:
Funcionarios: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini (ex titular de acceso a Servicios de Salud), Eduardo "Pino" González y Diego Martin D’Giano.
Empresarios: Miguel Ángel Calvete (lobista y organizador), su hija Ornella Calvete (funcionaria de Economía a quien le hallaron 700 mil dólares en su casa) y su pareja Guadalupe Muñoz.