En un movimiento que busca retomar la iniciativa política, el gobierno de Javier Milei, a través de sus ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, vuelve a la carga con la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. La premisa libertaria es simple y seductora para el electorado: "El que las hace, las paga".
Sin embargo, elegir la cárcel antes que la escuela revela la preferencia del Ejecutivo por el "camino corto". Modificar el Código Penal es rápido y no requiere presupuesto; reconstruir el tejido social roto, en cambio, exige una inversión que la gestión actual no está dispuesta a hacer.
Los datos recientes de la UCA y UNICEF exponen la contradicción del relato oficial. Con una pobreza infantil consolidada en torno al 60% en 2025, la mayoría de los adolescentes que el Gobierno pretende juzgar son víctimas de un sistema que los excluyó primero.
Mientras se debaten penas de prisión para niños, el Presupuesto 2026 refleja la otra cara de la moneda: la "motosierra" pasó por las partidas de Niñez y Adolescencia, con caídas reales superiores al 18% en programas de protección social y educación.
La medida, aunque popular en las encuestas, tiene un impacto nulo en la realidad delictiva. Las estadísticas criminales demuestran consistentemente que los menores de 16 años son responsables de menos del 1% de los homicidios dolosos en el país.
Al enfocarse en este segmento marginal del delito, el Gobierno ofrece un "placebo punitivo": una sensación de justicia rápida que esconde la falta de políticas de fondo. En lugar de garantizar clubes, escuelas y tratamiento de adicciones, el Estado libertario ofrece celdas, renunciando a recuperar a una generación para, simplemente, encerrarla.