El recorte de coparticipación golpea a los bonaerenses

Si bien es cierto que en enero las transferencias crecieron en términos nominales, el aumento quedó pulverizado por la inflación y por una recaudación que no logra repuntar, dejando a los distritos bonaerenses frente a un escenario de asfixia presupuestaria.

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias de origen nacional cayeron un 6,2% interanual real en enero de 2026, mientras que la coparticipación federal retrocedió un 7,5%. En el caso de Buenos Aires, el impacto fue directo: los recursos de origen nacional se hundieron 5,4% y la coparticipación cayó 7,8%, afectando de lleno a los municipios que dependen de esos fondos para sostener servicios esenciales, obras públicas y programas sociales.

La estructura fiscal argentina deja a las provincias en una situación de alta vulnerabilidad: más de la mitad de sus ingresos provienen de recursos tributarios nacionales, y casi la mitad de ese volumen depende exclusivamente de la coparticipación. En ese contexto, cualquier recorte o desaceleración en la recaudación nacional repercute de manera inmediata en los presupuestos municipales, que deben enfrentar demandas crecientes con menos herramientas.

El deterioro de los impuestos coparticipables explica buena parte del problema. El IVA, uno de los pilares de la recaudación, cayó 11,3% en términos reales, mientras que Ganancias apenas creció un 0,7%. La combinación de consumo deprimido, actividad económica estancada y falta de medidas de estímulo estrangula los ingresos de la Nación y, por efecto cascada, los de cada municipio bonaerense.

El ministro de Economía de la provincia, Pablo López, fue contundente: “La coparticipación sigue cayendo porque la economía real no arranca. Las provincias nos llevamos la peor parte: más responsabilidades con menos recursos”. López calificó como “pésima” la recaudación del IVA y advirtió que el retroceso expone “la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”.

Mientras tanto, los intendentes bonaerenses enfrentan el desafío de sostener sus programas con presupuestos cada vez más ajustados. La obra pública se paraliza, los servicios se resienten y la brecha entre las necesidades de la población y la capacidad de respuesta estatal se agranda. El reclamo por una revisión del esquema de financiamiento federal gana fuerza, pero en el mientras tanto, son los bonaerenses —en cada barrio, en cada municipio— quienes pagan el costo de un modelo que recorta arriba y golpea abajo.