La edad del castigo

Cada tanto, como un péndulo que vuelve siempre al mismo punto, Argentina discute la baja de la edad de imputabilidad. El debate aparece después de una tragedia, de un delito que duele, de una víctima que nos enfrenta con el miedo más primario: el miedo a que el tejido social ya no alcance para contenernos. Entonces la pregunta irrumpe con fuerza, casi como un grito: ¿qué hacemos con los chicos que delinquen?

Pero tal vez la pregunta esté mal formulada desde el inicio.

Bajar la imputabilidad no es solo una decisión jurídica. Es, sobre todo, una definición moral y política sobre cómo una sociedad mira a su infancia, sobre cuánto cree en el futuro y sobre qué hace cuando el conflicto social se vuelve insoportable. En el fondo, no se trata de edades ni de códigos penales, sino de qué tipo de comunidad estamos dispuestos a ser.

Chicos sin acceso a derechos básicos

Vivimos en un país atravesado por la desigualdad, la violencia cotidiana, la precariedad y la desconfianza. Un país donde millones de chicos crecen sin acceso real a derechos básicos: educación de calidad, salud mental, alimentación, tiempo, afecto, horizonte. Pretender que el delito juvenil pueda pensarse aislado de ese contexto es una forma sofisticada de negación. Como si el crimen surgiera en el vacío, como si las biografías no importaran.

La baja de la imputabilidad suele presentarse como una respuesta firme, una señal de orden, una promesa de seguridad. Pero también puede leerse como un gesto de derrota: cuando una sociedad deja de preguntarse por las causas y se concentra únicamente en el castigo, algo del lazo social ya se ha roto. Castigar antes no es necesariamente proteger mejor; muchas veces es simplemente castigar más rápido.

Estado presencia ausente

Hay una paradoja difícil de esquivar: exigimos a adolescentes una responsabilidad adulta en contextos que no les ofrecieron condiciones mínimas de adultez. Les pedimos que entiendan la ley, el límite, la norma, cuando muchas veces el Estado fue una presencia ausente o puramente punitiva en sus vidas. La cárcel, en ese sentido, aparece como la primera política pública consistente que conocen, y eso debería interpelarnos profundamente.

El castigo siempre dice algo de quien castiga, no solo del castigado. ¿Qué nos dice de nosotros, una sociedad que, frente al dolor, responde acortando la infancia? ¿Qué idea de justicia se construye cuando la urgencia electoral o mediática pesa más que la complejidad humana?

Esto no implica negar el sufrimiento de las víctimas ni romantizar el delito. El dolor es real, la violencia existe y merece respuestas, pero confundir justicia con venganza es un error tan antiguo como persistente. Una justicia que no repara, que no previene, que no transforma, termina siendo apenas una administración del daño.

Una ilusión de control

Bajar la edad de imputabilidad puede tranquilizar conciencias por un rato. Puede ofrecer la ilusión de control en un país que se siente desbordado. Pero difícilmente ataque el núcleo del problema: la fractura social, la pobreza estructural, la falta de políticas sostenidas de cuidado, educación y acompañamiento. Sin eso, la discusión se vuelve circular: hoy son los 16, mañana los 14, después quién sabe.

Tal vez la pregunta no sea cuán temprano podemos castigar, sino cuán tarde estamos llegando como sociedad. Qué hicimos, o dejamos de hacer, para que un chico llegue a ese punto. Qué responsabilidades colectivas preferimos no mirar porque incomodan más que una reforma penal.

Una sociedad se mide, dicen, por cómo trata a sus niños. No cuando se portan bien, sino cuando fallan. Ahí se juega algo esencial: la capacidad de creer que incluso en el conflicto hay posibilidad de futuro. Defender esa idea no es ingenuidad; es, quizás, el último gesto de esperanza en tiempos de tanta dureza.

Porque cuando el castigo reemplaza al cuidado, no solo se acorta la infancia: se empobrece la democracia.