ACTUALIDAD | 2 OCT 2025
POLíTICA
Debate de presupuesto 2026: fuerte pelea por expulsión de Espert
La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados terminó de forma abrupta en medio de un escándalo que mezcló la exigencia de remoción de José Luis Espert y una tensa controversia sobre el conflicto en Gaza y la festividad judía de Iom Kipur.
La mayoría de los diputados opositores, encabezados por la bancada de Unión por la Patria (UxP), mantuvieron su reclamo para que Espert sea apartado de la presidencia de la comisión a raíz de la investigación en Estados Unidos que lo vincula a presuntos aportes de campaña del empresario narcotraficante Fred Machado. Advirtieron que buscarán su expulsión en el recinto de sesiones.
Escándalo y Final Abrupto
El debate descarriló cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, anunció que se retiraría por el inicio de la celebración de Iom Kipur. Las diputadas del Frente de Izquierda, Mercedes Mendieta y Vilma Ripoll, utilizaron su intervención para vincular el retiro de Guberman con el conflicto en Medio Oriente:
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Mendieta denunció un "genocidio" en la Franja de Gaza y criticó la intercepción de la flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria.
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Cuando las legisladoras fueron abucheadas por los diputados de La Libertad Avanza (LLA), las acusaron de ser "cómplices del genocidio".
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Ripoll mezcló la fiesta religiosa con el conflicto, lo que ofendió a Guberman, quien se retiró de la reunión. Espert, visiblemente molesto, cortó el micrófono de Ripoll y anunció: "los secretarios se retiran… esto es lo que ha logrado diputada Ripoll en una discusión de Presupuesto y Hacienda. Una vergüenza”.
Ejes de la Exposición de Guberman
Antes del escándalo, Guberman defendió el proyecto de Presupuesto 2026, el cual contempla:
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Crecimiento del PBI: 5%.
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Inflación Proyectada: 10,1% a diciembre de 2026.
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Tipo de Cambio (dólar): $1423 a diciembre de 2026.
Guberman defendió el objetivo del superávit financiero y el proyecto complementario que busca establecer una regla fiscal permanente, limitando el gasto a la recaudación y castigando a los funcionarios que apliquen leyes sin financiamiento. El funcionario también justificó la suspensión de ciertas leyes aprobadas por el Congreso, como la de discapacidad, alegando que no hay recursos disponibles para afrontar el gasto de $1.5 billones que implican.
