La investigación se inició a raíz de la difusión de grabaciones en las que Spagnuolo supuestamente detalla un esquema de "retornos" a laboratorios para obtener contratos con el Estado. En los audios, se menciona que las coimas generarían "medio palo para arriba" de ganancia por mes y que Karina Milei recibiría el 3% de esas operaciones. Spagnuolo incluso afirma haberle informado personalmente al Presidente sobre el asunto.
Los allanamientos se llevaron a cabo en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina S.A., y en los domicilios de varios implicados, incluidos los de Spagnuolo y los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
En el operativo, se incautó el teléfono y unos 200 mil dólares en efectivo que Emmanuel Kovalivker intentó esconder al ser interceptado. Este hallazgo, sumado a los documentos con anotaciones, complica la situación de los implicados. Sin embargo, no se pudo secuestrar el celular de Spagnuolo, pieza clave de la causa, ya que el exfuncionario no fue encontrado en su domicilio. En los audios, Spagnuolo asegura tener "todos los WhatsApp de Karina" como evidencia.
Tras la difusión del material, el Gobierno removió a Spagnuolo de su cargo "de manera preventiva" e intervino la ANDIS. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al tema públicamente, aunque con cautela, afirmando que no pone "las manos en el fuego por ningún funcionario" y que "son temas que tiene que investigar la Justicia".
Este caso se perfila como el primer gran escándalo institucional de la gestión de Milei. La Justicia ahora se enfoca en encontrar el celular de Spagnuolo para verificar los dichos en los audios y determinar el alcance real de la presunta red de corrupción.