El Decreto 373/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, redefine el alcance de la Ley 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla.
La modificación establece que la participación del Poder Ejecutivo nacional se limitará a ser un "órgano rector", encargado de aprobar directrices y lineamientos generales. Su rol en la asistencia directa quedará supeditado a la insuficiencia de las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
El gobierno argumenta que las realidades locales varían significativamente según la región, con algunas zonas enfrentando problemas por alta densidad poblacional y otras lidiando con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Por ello, se busca que cada provincia y municipio diseñe sus propias estrategias de intervención, siempre respetando los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.