Fundamentos de la decisión

Según los fundamentos del decreto, esta medida responde a la “inseguridad jurídica” y la “grave afectación al derecho de propiedad” de legítimos dueños, así como al dominio provincial sobre recursos naturales. El Gobierno argumentó que:

• La suspensión de desalojos afectó actividades productivas y recreativas.
• Se intensificaron conflictos territoriales, generando desplazamientos de propietarios legítimos.

Objetivos del Gobierno

La derogación busca:

• Garantizar la propiedad privada como un pilar fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo nacional.
• Resolver de manera urgente los conflictos que han persistido por casi dos décadas.
• Reforzar la soberanía nacional en el manejo de recursos.

Impacto de la medida

El decreto pone fin inmediato a la emergencia y suspensión de desalojos establecidas por la Ley 26.160 y sus prórrogas. Además, insta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso a evaluar el dictamen correspondiente.

Este cambio representa un giro en la política estatal hacia las comunidades originarias, con expectativas sobre su impacto en sectores productivos y en la conflictividad social.

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