En un comunicado, SUPARA manifestó su total rechazo a la medida gubernamental, que incluye la desvinculación de 3.155 empleados. El gremio denunció que la decisión es "intempestiva" y viola la Constitución Nacional y las leyes laborales vigentes.

“El anuncio del despido masivo de trabajadores que ingresaron mediante procesos auditados constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en la Carta Magna”, señaló el comunicado.

El sindicato también destacó que los empleados despedidos tienen estabilidad laboral garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución, que protege a los trabajadores públicos contra despidos arbitrarios. A su vez, advirtió que la medida afecta la seguridad jurídica y atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

Impacto en el Estado y Críticas a la “Modernización”

SUPARA acusó al gobierno de desmantelar estructuras esenciales del Estado bajo el pretexto de modernización.

“La disolución de la AFIP es un intento de debilitar las funciones de control del Estado, en detrimento del interés colectivo”, afirmó el gremio, advirtiendo que la medida amenaza la soberanía y el desarrollo económico de la Nación.

Desde SUPARA sentenciaron que esta decisión es “un golpe directo a los trabajadores” y “un ataque a la esencia del Estado”, ya que socava su rol en la protección de bienes públicos y el cumplimiento de la ley.